El pescado para difamar

Vivimos en una sociedad cotilla. Eso es algo innegable. En este, nuestro querido país, proliferan los programas de cotilleo con toda impunidad, en los que se mercadea con la vida privada de gente cuyo mayor logro ha sido moverse hábilmente debajo de unas sábanas con una cámara delante, o que se ha sentado en una silla ante la que desfilaban chicos y chicas dispuestas a tener una cita con el eximio.

Si vemos la botella medio llena, podríamos plantearlo así: somos curiosos por naturaleza. Así todos estamos contentos, nadie sale ofendido y evitamos una posible refriega.

Este postura también es legítima, ya que en España acogemos a numerosas personalidades que, bien por su trabajo, o por su cargo, han de estar indefectiblemente presentes en los medios aún más que las Esteban, Aídas o Rafamoras.

Este es el caso de los altos funcionarios, como los miembros del Gobierno, los consejeros de comunidades autónomas, los alcaldes… o Carlos Dívar. El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo es una de esas personas que, si nos ponemos puristas, ha de estar sometido a una mayor violación de sus derechos a la intimidad y la imagen, sin dejar estos de ser inalienables a su persona.

Qué caro nos sale

Desde hace unas semanas conocemos que a Dívar le va lo de irse de finde a costa del contribuyente, o, para matar a la soledad en una fecha tan señalada como la noche de reyes, apostó por cargar a las cuentas del órgano de gobierno de los jueces una cena opípara.

A pesar de sus asuetos salomónicos (dos días los paga él, otros dos los costeamos usted, yo y el parado), decir que lo de Dívar es vergonzoso, y que lo que ha hecho es motivo suficiente para que dimita es una perogrullada, amén de que ha de comparecer públicamente y ser sometido a una investigación.

Con la que está cayendo, que el máximo responsable de la Justicia nos cueste cenas de lujo, hoteles de 4 estrellas (ojo, que no de 5, lo dejó muy claro) y demás bagatelas tremendamente caras es para que le señalen cuando le vean por la calle. Aunque no parece que Dívar sea mucho de relacionarse con la plebe.

Más grave, ¿por qué?

Sin embargo, a la vez que ha surgido la disputa entre los que quieren que renuncie al cargo y los que no, han surgido rumores o elucubraciones sobre qué hacía Dívar en Marbella, y sobre todo, con quién lo hacía. Dicho de otra forma: han surgido infinidad de rumores que apuntan a que Dívar es homosexual, que es mariquita, que le va la marcha con hombres, en resumen.

Por cómo lo decían aquellos que apuntaban a esta posibilidad, parecía más grave que Dívar nos hubiese estado robando si se acostaba con hombres en lugar de con mujeres. Que era más condenable que se fuese de vacaciones en días laborables con penes en lugar de vaginas, o coloquialmente, que estaba mucho más feo que al presidente de los jueces le fuese más el pescado que la carne.

Ahí está el motivo perentorio de estas letras: ¿Importa eso? ¿Qué más da con quién se haya estado gastando Dívar nuestro dinero? ¿Sería menos grave si hubiese optado por señoritas de compañía en lugar de chaperos? ¿Por qué?

Lo sorprendente es que estas asechanzas (hasta que se demuestre lo contrario) eran proferidas, en especial a través de Twitter, por gente abiertamente homosexual, que hacía sorna sobre que Dívar prefería los juguetitos alargados y que incluso le iba el sado o vaya usted a saber qué depravaciones.

Es decir, que los que hablan de homofobia han llegado a practicarla con el ínclito, y todo porque nos ha estado escamoteando la pasta que tanta falta hace para otros asuntos.

¿Qué aporta esta rumorología? Nada. Cero. Es absolutamente inútil. Solo nos sirve para confirmar que, además de cotillas y pobres, seguimos siendo retrógrados. Todo por denigrar, aún más, a un cargo público, cuando lo importante es que devuelva lo que ha robado.

Posted on 5 junio, 2012 by Jesús Travieso in Nacional, Política Leave a comment

El hazmerreír

El presidente de Bolivia, Evo Morales.

2 en menos de un mes. 2 en menos de 5 meses de legislatura. Esta vez ha sido Bolivia la que se ha reído de España y del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La expropiación de la filial de Red Eléctrica por parte del gobierno de Evo Morales es una nueva muestra de que somos el hazmerreír iberoamericano (sin olvidar que ya somos objeto de chanzas por toda Europa).

Morales ha seguido el ejemplo de su homóloga argentina, Cristina Fernández, que aún tendrá que explicar cómo va a pagar el robo (sí, nada de expropiación) de YPF a Repsol.
Pero centrémonos: ¿qué supone esto para España? ¿Se puede tomar alguna medida contra Bolivia? Por cierto, con invasión cuasi militar de la sede de la compañía, como aquí se explica.

Ambos casos, por supuesto, difieren sobremanera, dado que este caso es aún más grave para los intereses de España: si Repsol YPF es estratégica para el país, esta filial de Red Eléctrica aún más, porque la pagamos todos, dado que el Estado es su mayor accionista.

Hasta el momento, la inoperancia del Gobierno ha vuelto a ponerse de manifiesto a raíz de lo ocurrido, dado que la primera reacción ha sido “estudiar” lo acontecido.

O dicho de otra forma, que Moncloa no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Les ha pillado a contrapié por completo. Aquí no ha habido avisos, al contrario de lo ocurrido con YPF.

Es decir, otra vez a improvisar las medidas a tomar, lo que provocará que la respuesta española, casi con toda seguridad, tenga un efecto nulo.
De la decisión de La Paz también podemos inferir que aquella patraña de la confianza internacional hacia España con Rajoy presidiendo el Consejo de Ministros ya se ha desgastado por completo. No hay respaldo internacional, hay desplantes, y ya son dos en menos de un mes.

Lo peor de todo es que esto se traduzca en una ola incipiente de nacionalizaciones de empresas con capital español. Está por ver qué ocurrirá, pero entre Bolivia y Argentina se han bastado para poner en solfa al Gobierno español, y acentuar que ya nadie respeta a Rajoy.

Mención aparte merecen aquellos que defienden la expropiación, al igual que hicieron con lo de Repsol. ¿Por qué? No alcanzo a comprender esta postura. Se me escapa qué puede llevar a alguien a apoyar que un país extranjero decida hacer suya por la vía rápida una empresa de su país. Me llamarán chauvinista, pero es que no lo concibo.

Está por ver qué pasa. Pero el Gobierno ya ha quedado retratado por lo ocurrido. No saben qué hacer. Bastante teníamos ya con que los designios de la austeridad marcada por Alemania sean los que manden en este país, con golpes mortales a la Educación y la Sanidad.

Posted on 1 mayo, 2012 by Jesús Travieso in Economía, Internacional, Política Leave a comment

La historia para no dormir de la derecha asturiana (Parte I)

Álvarez Cascos y Mercedes Fernández, "Cherines"

El panorama que tiene la derecha asturiana ante sí es desolador. Tras las elecciones anticipadas del 25 de marzo, en las cuales el bloque conformado por Foro Asturias y Partido Popular perdió la mayoría absoluta, no faltan las muestras de disconformidades y desavenencias entre los que antaño parecían llamados a gobernar. Pero esto no siempre fue así. Hubo un momento, el año 2010, en el que parecía que la derecha podría arrebatar el gobierno asturiano a la combinación de PSOE e Izquierda Unida. Esta es la historia de cómo esa posibilidad se fue al traste, provocando una rotura del bloque conservador que hoy en día parece aún más difícil de cerrar.

La prehistoria política asturiana

El ex ministro y actual Presidente del Principado en funciones no siempre mantuvo una relación cordial con los compañeros de su anterior partido. Para quien no lo sepa, el poder en Asturias no siempre estuvo ostentado por el PSOE, de hecho el Partido Popular gobernó durante una legislatura, el periodo 1995-1999, con Sergio Marqués a la cabeza del Principado y Ovidio Sánchez como Presidente de la Junta, quien además sería senador a partir de 1996. Las diferencias de criterio del entonces Presidente con el Secretario General del Partido Popular, cargo ocupado entonces por Álvarez Cascos (al que en su propio partido se referían como General Secretario) provocaron que el primero rompiese las relaciones con el Partido Popular, fundando en 1998, mientras era aún Presidente del Principado, el partido Unión Renovadora Asturiana, el URAS, partido que giraba en torno a su persona y que aglutinaba a los desencantados del Partido Popular (¿Os suena la película?). Continuó en el Gobierno en minoría y concurrió a las elecciones de 1999 consiguiendo 3 escaños.

El Gobierno volvió a las manos del PSOE y el PP, con el anterior vicepresidente de Marqués -Ovidio Sánchez- a la cabeza como candidato a la Presidencia del Principado quedando segundo en votos, tras lo cual Sanchez fue elegido Presidente del Partido Popular en Asturias.

El traslado de la ficha de afiliación

Ovidio Sánchez y Mercedes Fernández

Uno de los episodios más sonados de la guerra que comenzaba entre Cascos y el PP (y que primero sería contra el PP local, más tarde contra el regional y finalmente se ampliaría al nacional) fue el traslado de su ficha de militante desde la agrupación de Gijón a Madrid en 2005 a causa de unas declaraciones de Pilar Fernández Pardo, presidenta de la Junta Local del PP desde el año 2000, en las que atribuía responsabilidades políticas en los atentados del 11M a miembros del Gobierno de Aznar. Concretamente a Mercedes Fernández, “Cherines”, ojito derecho de Cascos, delegada del Gobierno en Asturias por entonces (y Presidenta del PP de Gijón entre 1989 y 2000, es decir, predecesora de Fernández Pardo) y que tras la pérdida del poder a manos del PSOE de Zapatero se refugió en el cargo de síndica en la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, puesto cuyo acceso la obligó a renunciar a la militancia en el Partido Popular.

Municipales de 2007, Generales de 2008 y XVI Congreso Nacional del PP

Gabino de Lorenzo y Pilar Fernández Pardo

Cascos resurgió en 2007 para mostrar su apoyo a la candidatura de Esperanza Aguirre y a los candidatos municipales de Galicia. La única referencia que hizo a Asturias fue una crítica a los dirigentes regionales del PP en el periódico autonómico de más tirada, La Nueva España. Los dirigentes regionales que podemos destacar por su importancia posterior son Ovidio Sánchez, presidente del PP y en estas elecciones de nuevo candidato a presidir el Principado, Gabino de Lorenzo, alcalde de Oviedo desde el año 91 y miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, del Comité Ejecutivo Regional y de la Junta Directiva Regional de Asturias, además de ser presidente del PP de Oviedo, y Pilar Fernández Pardo, presidenta del PP de Gijón. Por entonces, y por los acontecimientos actuales podemos decir que esa crítica no iba dirigida a ella, era Coordinadora de Organización del PP de Asturias Cristina Coto, quien también tenía un puesto de diputada desde el 2003.

En el Congreso Nacional del PP levantó algo de polvareda por una enmienda presentada a la ponencia política, donde eliminaba la consideración del PP como “partido de centro” para definirlo como una organización “inspirada en los principios liberales y el humanismo cristiano“. La contraprogramación de cuadros importantes del PP (entre los que estaba su propio Presidente, Mariano Rajoy, Javier Arenas… Y el PP de Asturias) a esa enmienda provocó un cruce de acusaciones que se sumó al revuelo creado por Esperanza Aguirre cuando todo el mundo creía que iba a presentar una lista alternativa a la de Rajoy, lo cual finalmente no sucedió.

El principio de la vuelta que no fue: el comienzo del meollo asturiano

Para saber qué comenzó a suceder hay que entender la postura del PP en Asturias. Desalojado del poder años atrás y con un candidato eterno a la Presidencia sin carisma ninguno, deciden presentar a las Elecciones Generales al alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo como cabeza de lista. Y Gabino de Lorenzo es una persona que levanta pasiones y odios en Oviedo… Y más odios que pasiones fuera de la Capital. ¿El resultado? A pesar de mantener los 4 escaños de 2004 pierde en número de votos con respecto a los socialistas (en las anteriores elecciones el PP había superado al PSOE) y De Lorenzo renuncia a su acta de diputado por no haber alcanzado los objetivos propuestos.

Además, Ovidio Sánchez anuncia que no se volverá a presentar como candidato a la Presidencia del Principado tras su tercera derrota ante el PSOE de Vicente Álvarez Areces.

En 2009 comienzan los rumores sobre una posible vuelta de Cascos a la política activa. En una entrevista con la revista Época, ante la pregunta sobre su posible vuelta, contesta textualmente “Si me sacan a bailar, acepto“. Mientras tanto, Dolores de Cospedal, ya Secretaria General del PP nacional, dice que no hay ningún contacto del ex ministro con la dirección nacional para anunciar esa voluntad de vuelta. Al mismo tiempo Cherines, su gran amiga, reconoce que efectivamente Cascos está tanteando su vuelta. Comienzan a moverse grupos de afiliados del PP asturiano pidiendo la vuelta del ex ministro como candidato en las municipales de 2011.

Avanza 2009 y las muestras de apoyo por parte de la afiliación de base crecen. Empiezan a planearse actos públicos de apoyo a la vuelta de Cascos. Y entonces Gabino de Lorenzo, febrero de 2010, afirma que “Álvarez Cascos sería un buen candidato para lo que sea“. Para entonces seis diputados regionales (casi la tercera parte del grupo parlamentario del PP en la Junta), el diputado nacional Isidro Fernández Rozada y varias organizaciones de las NNGG ya apoyan públicamente el regreso de Cascos. Pero no todo sería perfecto: ¿Os acordais de la Junta Local del PP de Gijón? El enfrentamiento de Cascos con su Presidenta, Fernández Pardo, hace que en Gijón no quieran ni oír hablar acerca de la posibilidad de la candidatura. Y Cascos se deja querer, diciendo que si le quieren en primera línea deberán llamarle, mientras sigue pasando el tiempo y hasta Fraga le manifiesta su apoyo: “Sería un buen presidente para Asturias“. El regreso parece que encalla, con Cascos empeñado en recibir una llamada de Rajoy y reapareciendo en actos públicos del partido.

La carta

Cascos enseñando la carta a Ana Mato al comunicar su baja en el Partido Popular

Las cosas cambian y el 21 de junio de 2010 Cascos envía una carta de 4 páginas a Ana Mato, Vicesecretaria general de Organización del PP, la cual se puede leer aquí. En ella expone tres puntos claves bajo su punto de vista para recuperar el Gobierno astur, el qué, el cómo y el cuándo. De ella pueden rescatarse frases como estas:

Algunos advertimos a quien correspondía, hace ya más de seis años, cuando entonces era el momento de hacerlo, sobre la necesidad de propiciar el necesario relevo, que no se produjo. La continuidad de este equipo en 2007 condujo al PP de Asturias a un nuevo fracaso y contribuyó a certificar su agotamiento, por lo que hoy no deberían de subsistir dudas acerca de la ineludible necesidad de comparecer a las elecciones de 2011 con una nueva candidatura colectiva del PP de Asturias, formada por nuevos equipos (dirección y candidaturas)

A la vista de estos datos podemos concluir fundadamente que el problema que arrastra el actual PP de Asturias, ante el reto de las elecciones autonómicas de 2011, es estructural y profundo, no circunstancial y leve. Es decir, de organización y de equipos, no solo de personas; de ideas y de programas, no solo de siglas; de movilización masiva y total, no solo de meras inercias o de esfuerzos esporádicos.

Por lo tanto, el PP de Asturias necesita abandonar la rutina y hacer un esfuerzo sin precedentes para mejorar su organización y sus candidaturas.

La solución idónea para preparar con éxito las respuestas a todos los retos planteados es la celebración del Congreso Regional del PP de Asturias, antes de las próximas elecciones, para armonizar democráticamente todas las decisiones que exige el compromiso de aspirar seriamente a la victoria electoral en 2011. Para bien o para mal, un Congreso Regional del PP de Asturias después de las elecciones no resolvería nada, como ya sucedió en ocasiones precedentes.

El Congreso Regional debería ser convocado bajo la fórmula estatutaria de voto directo de todo el censo de militantes del PP de Asturias.

Además, es la única que puede contribuir a despejar todas las incógnitas suscitadas pública y privadamente en los últimos meses, de las que quedan abundantes testimonios en los medios de comunicación.

Por todo ello, el Congreso Regional del Partido Popular se podría de convocar a finales de 2010, para su celebración en el mes de enero del próximo año.

Como todos imaginaréis, la carta cayó como una bomba. El PP regional al momento convirtió a Cascos en su enemigo número 1, a la vez que este se indignó porque en Génova hacen caso omiso a su escrito. Los dirigentes asturianos se convirtieron en un canal de críticas y reprobaciones ante a quien puede que antes estuvieran dispuestos a aceptar mientras que la posibilidad del regreso se desvanecía. El Comité Electoral asturiano rechazó la posibilidad de una candidatura casquista en un comunicado enviado a Dolores de Cospedal y Arias Cañete.

Comunicado, ilegalidades y candidatos

Isabel Pérez Espinosa

Fue Gabino de Lorenzo quien instó a que ese comunicado fuera redactado. Gabino de Lorenzo, no el Presidente del Comité Electoral (Iglesias Caunedo, mano derecha de Gabino) ni el Presidente del PP Asturiano, Ovidio Sánchez. En esa espiral de llamadas telefónicas, notas de prensa y órdenes se falsificó la firma de Benjamín Vilaboa, integrante del Comité Electoral, para que el comunicado contra Cascos fuese firmado unánimemente. El propio Benjamín presentó un acta notarial dando fe de estos hechos, reseñando también que no hubo ninguna reunión de dicho comité. También pide que Mariano Rajoy actúe contra el comité por la falsificación. De todas formas, el comunicado no impide la presentación de candidatura por parte de Cascos, puesto que el artículo 47 de los Estatutos del PP da el poder de decisión al Comité Electoral Nacional, no al territorial. De todas maneras se sugiere la terna de candidatos Joaquín Aréstegui, presidente del PP de Avilés, Pilar Fernández Pardo, por todos ya conocida, e Isabel Pérez Espinosa, una gijonesa que trabaja con Gabino de Lorenzo (quien a todas luces es ya el hombre fuerte del partido, por encima de Ovidio Sánchez) diputada desde el 91 hasta el 99 y concejal en el Ayuntamiento de Oviedo desde el 99, divorciada dos veces -con un hijo, Gabino, de su primer matrimonio- y una curiosa coincidencia: su segundo marido fue Agustín Iglesias Caunedo. Sí, el Presidente del Comité Electoral.

Finalmente, entre acusaciones por parte del PP de Asturias, Isabel Pérez Espinosa es proclamada candidata a la Presidencia del Principado de Asturias por el PP asturiano con el respaldo de 36 de las 78 juntas locales y por la dirección regional del partido. El 30 de ese mismo mes, el Comité Electoral Nacional, presidido por Arias Cañete, confirma la decisión.

Continuará…

Posted on 26 abril, 2012 by David Fernández in Nacional, Política Leave a comment

El acuerdo de Schengen y sus suspensiones

Llevamos unos cuantos días con la política internacional movidita. Por si no teníamos suficiente con el tema de las expropiaciones argentinas, hoy el acuerdo de Schengen ha querido ser el protagonista del día con dos noticias diferentes, pero ambas referidas a su suspensión.

Francia y Alemania piden que vuelvan los controles fronterizos dentro de la UE

El Gobierno suspenderá la aplicación de Schengen para la reunión del BCE en Barcelona

Voy a ser claro con mi opinión: la primera medida es nefasta, la segunda no.

Schengen puede ser considerado como uno de los pilares básicos de la Unión Europea. Es el acuerdo que nos permite pasar de país a país de la UE sin necesidad de llevar más que nuestro documento de identificación, sin necesidad de pasar por un paso fronterizo o aduana (que prácticamente, de hecho, han sido desmantelados en muchas zonas tanto de la frontera con Portugal como con Francia, y esa libre circulación hace palpable que sí que hay algo llamado Europa. Por supuesto no es algo que sólo afecte a los que viajamos a otro país por placer, sino que tiene amplias repercusiones en cosas bastante más importantes como el tráfico de mercancías y demás.

Es por ello que la medida que pide Francia y Alemania es muy negativa. Solicitan la suspensión “hasta que acabe la crisis”, algo que nadie sabe cuándo sucederá, por no añadir que no todos los países saldrán a la vez, y pone el poder nacional por encima del europeo, uno de los grandes problemas para tomar decisiones de calado que tiene la Unión actualmente, y puede resultar en una vuelta atrás permanente.

Sin embargo, la suspensión temporal que va a aplicar el Gobierno español durante la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona no es para nada nueva o excepcional: España aplicó esta misma medida en 2004, aquellos días de la boda entre Felipe y Letizia Ortiz, Portugal la aplicó durante la Eurocopa… Es una suspensión muy limitada en el tiempo, sólo unos días, y que tiene como finalidad aumentar una seguridad que es muy necesaria en una ciudad con unos problemas estructurales de violencia tan grandes como los que tiene la capital catalana (y a cuyos grupos dedicados a reventar el orden público podrían sumarse grupos de otros países), volviendo todo a la normalidad en muy poco tiempo.

Por ello, creo que hay que diferenciar claramente entre las dos noticias sobre Schengen que se nos presentan hoy. Una podría poner en peligro para siempre la libre circulación de europeos por los países miembros. La otra es una medida ordinaria que se ha tomado en muchas ocasiones durante los 17 años de tratado sin mayores consecuencias y sin que nos llevara a una dictadura, como gritan los voceros del apocalipsis que prefieren agitar a las masas antes que dar una información fiable.

Posted on 19 abril, 2012 by David Fernández in Internacional, Política Leave a comment

Una visión sobre el sistema de recetas español

Hoy el Consejo Interterritorial de Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha aprobado una reforma sobre el sistema farmacéutico español que traerá cola. Tras una lectura de lo que hay, básicamente las explicaciones de la ministra recogidas en los medios (el plan no será aprobado hasta el Consejo de Ministros del viernes) ataca algunos de los problemas principales que existen, pero también tiene alguna que otra chapuza. Aquí está un pequeño análisis personal de la medida:

Los jubilados pagarán por sus medicamentos

Quizás la reforma más llamativa es que a partir de ahora los jubilados no tendrán las medicamentos de forma gratuita, algo que era así desde 1978, cuando se incluyó a todos los jubilados en el colectivo de personas menos protegidas. Esto es algo que, aunque impopular, es correcto: que todos los jubilados por el simple hecho de serlo no tengan que pagar absolutamente nada de los medicamentos (cuando una persona en activo pagaba un 40% del valor de ese medicamento) sin tener en cuenta su renta es algo claramente injusto.

Los descuentos para jubilados en servicios públicos (no sólo en el sistema de recetas, sino en cosas como abonos de transportes) son habituales y pese a que es un criterio que mucha gente ve correcto es a todas luces regresivo. Bajo el paraguas del colectivo pensionista existe un sector muy heterogéneo, donde hay demasiadas personas que cobran menos de lo que todos querríamos pero hay también un sector que disfruta de pensiones más altas que le permiten llevar un nivel de vida acomodado. Me estoy refiriendo a quienes disfrutan de las máximas pensiones y también a quienes, si bien no cobran la máxima, se acercan mucho a ella. Para hacernos una idea podemos ir a la Agencia Tributaria, donde encontraremos que hay 2.022.484 pensionistas que cobran de dos hasta 10 veces la pensión media (de 1958 a 9790 euros mensuales) o 16.869 que cobran más de 10 veces esa pensión media, que está actualmente en 979 euros mensuales.

Esto deja clara la injusticia que supone que esas personas tengan los medicamentos gratuitos por su condición mientras que un trabajador en activo que cobra 600 euros tenga que pagar un 40% de los medicamentos que necesita.

Sin embargo, aunque la reforma del PP finaliza con los medicamentos gratuitos por colectivo, no elimina la inadecuada diferenciación entre trabajador en activo y jubilado, una separación que no debería existir puesto que lo que debería importar a la hora de considerar la gratuidad de un medicamento debería ser la renta, algo que se mantiene independientemente del grupo que formes. De hecho, los jubilados a pesar de comenzar a pagar por sus recetas (un 10%) tendrán un máximo de 18 euros mensuales, tengan la pensión que tengan.

Sí hay, sin embargo, un factor que es especialmente importante en el caso de los jubilados: la edad trae más enfermedades y eso redunda en un mayor gasto farmacéutico. Con respecto a esto se pueden añadir límites en el pago de medicamentos, así como consideraciones como personas a cargo, ya que una persona que tiene muy mala salud, crónicos incluídos, no tienen culpa de ello y no deberían ser castigados por ese hecho.

La necesidad de esta reforma es clara si comparamos los datos de la Seguridad Social con los de MUFACE. En la SS un 70% de las recetas están copadas por un 20% de población exenta de pago, los pensionistas y beneficiarios. Sin embargo esto no es causado por la salud más dedicada de ese sector de edad, ya que en MUFACE el mismo segmento de edad, que paga un 30% del precio del medicamento, consume un 40% menos.

En cuanto a la población activa, las rentas menores a 18.000 seguirán pagando el 40% del valor del medicamento, mientras que de 18.000 a 100.000 euros pasarán a pagar un 50% y las superiores a 100.000 euros un 60%.Otro de los problemas con los que nos podemos encontrar

Cal y arena burocrática

El sistema sanitario español es un desastre, con distintos tipos de receta (en lugar de la receta sanitaria única que piden colectivos profesionales desde… Bueno, desde hace mucho) o 17 tarjetas sanitarias distintas -que en algunos casos incluso presentan dificultades a la hora de ser atendido, como por ejemplo cuando sales de tu Comunidad y no saben abrir un expediente porque no saben qué datos de tu tarjeta tomar… Y pasa-

La reforma intenta atajar alguno de esos problemas. Por ejemplo, la instauración de una tarjeta sanitaria única sanitaria para toda España que acabaría con estos problemas además de conllevar grandes beneficios (es de esperar un sistema interoperable que permita la movilidad del historial médico entre distintas autonomías de forma que si acudes a un centro médico de otra CCAA puedan tener todos tus datos médicos, y creedme, eso es muy necesario cuando eres crónico y pierdes un medicamento o se te fue la pinza a la hora de ir a por más) y una receta electrónica que, si bien no está claro que acabe con los distintos sistemas de recetas, sí puede facilitar los trámites y ahorrar algo de dinero en gastos corrientes como papel y tinta.

Al mismo tiempo, nos encontramos con que los pensionistas tendrán derecho a una devolución en los gastos farmacéuticos si alcanzan el tope de 18 euros durante 3 meses consecutivos, de nuevo sin tener en cuenta la renta. Ese derecho debe ser muy bien advertido -y a pesar de ello siempre hay gente que no se entera- y las peticiones de devolución aumentarán la burocracia, siendo mejor algún otro tipo de medida compensatoria sin esos efectos secundarios.

Compras centralizadas

Este plan crea una central de compras de medicamentos a nivel nacional. Esto viene a ser una mejora basada en la economía de escala: cuanto más producto compres más cantidad negociadora sobre los precios tienes y más barato te puede salir el producto final. Para ilustrar esta decisión está bien citar la compra centralizada para toda España de vacunas de la gripe realizada por el Ministerio de Sanidad en tiempos de Leire Pajín -una de las pocas decisiones con las que concuerdo, y eso que fue porque lo pidió Europa- se ahorraron unos tres millones de euros, que se dice pronto.

En conclusión

El plan tiene en su interior medidas muy positivas bien planteadas y que si se ejecutan correctamente pueden provocar mejoras interesantes y algunas otras que son positivas pero que no están bien planteadas, como el sistema de pago de medicamentos. En este caso yo apostaría por una reforma distinta a la aplicada por el Partido Popular y más cercana a la que proponen en Nada es Gratis, que mejoraría bastante la situación en la que nos encontramos sin crear demasiados problemas a ningún sector, más allá del enfado lógico de quien tuvo los medicamentos gratis y va a dejar de tenerlos.

Photo Credit: Josué Goge via Compfight

Posted on 18 abril, 2012 by David Fernández in Nacional, Política, Sociedad 3 Comments

Los peligros de descentralizar mal: la sanidad

Hoy navegando por Twitter di con este mensaje de @imilleiro, en el que pide a sus followers apoyo para una petición de Actuable en el que Yolanda Morales pide que la Xunta autorice el tratamiento a su hija andaluza, dado que el único tratamiento disponible en España se da en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Como se explica en la petición, el tratamiento de la extraña enfermedad que sufre su hija de 22 meses sólo se da en ese hospital debido a la política de la fabricante del fármaco, que sólo lo proporciona a un hospital por país teniendo a un único facultativo a cargo. El coste de este tratamiento para el sistema sanitario gallego es ínfimo puesto que el tratamiento lo paga el Instituto Nacional de la Salud (NIH) de EEUU dentro de un programa de apoyo al diagnóstico y tratamiento de personas con enfermedades raras.

Pero claro: viven en Andalucía. Y el tratamiento está en otra comunidad autónoma, Galicia. Y a pesar de que el NIH dio el visto bueno para que reciba el tratamiento, el gobierno gallego aún no ha movido un dedo para posibilitar que la niña pueda recibir el tratamiento.

Volvemos a lo de siempre: las dificultades para obtener asistencia sanitaria dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas. Este es un caso límite, de vida o muerte (la bibliografía que existe sobre el tema confirma que la muerte de los enfermos se produce cuando aún son jóvenes) pero realmente estos problemas sanitarios los podemos sufrir todos nosotros en las cosas más básicas.

Algo tan básico como una gripe se convierte en todo un despropósito cuando un asturiano llega a la Comunidad de Madrid y, tras acudir a un centro de atención primaria, se encuentra en la farmacia – con una receta de amoxicilina en mano – con que la Seguridad Social no cubre el coste de ese medicamento. O cuando te vas a Galicia y ves en un cartel bien grande en el que te informan de que no recetan medicamentos para enfermedades crónicas a quienes estén desplazados. Que vale, yo tengo un asma muy suavito, pero alguien que lo tenga más grave o que tenga otro tipo de enfermedad crónica como desorden tiroideo está en una situación bastante más delicada.

Los casos no son de la misma gravedad, lo sé. También es cierto que dependiendo de la persona pueden empezar a asemejarse. Pero todos ponen de manifiesto que ese sistema que debería estar ahí para atender a los ciudadanos cuando tienen problemas de salud no funciona. Que te discrimina dependiendo de en qué zona de tu país vivas. Algo inaceptable.

Las siglas no importan. No importa el SERGAS, ni el SESPAS, ni el SCS, ni la Osakidetza. Los que importan son los ciudadanos, y un modelo que te complica la vida y te discrimina está claro que no es un modelo que se pueda aceptar.

¿Las soluciones? Habrá muchas, tantas como personas piensen sobre el tema. Yo creo que se ha demostrado que muchas comunidades actúan más como taifas que sólo se preocupan de sus propios ciudadanos (cuando lo hacen) que como administraciones parte de un ente nacional superior, un ente en el que la igualdad de todos los ciudadanos debería estar garantizada. Yo apuesto por un tutelaje de las competencias sanitarias por parte del Ministerio de Sanidad o una recentralización de la Sanidad aunque la gestión la lleve la Comunidad Autónoma. Y no porque me guste más el Estado o porque me gusten menos las Comunidades, sino porque no me importa la sigla, me importa que funcione.

Posted on 6 febrero, 2012 by David Fernández in Política Leave a comment

Sanidad

Partidos de imputados

La imagen que encabeza este post es el Corruptódromo, una de las iniciativas de la plataforma #nolesvotes, y en ella se muestran los casos de corrupción o posible corrupción que pueblan las distintas instituciones de nuestro país.

Estamos en precampaña y tiempo de presentación de listas electorales, y a cualquier ciudadano medio le sale humo por las orejas al comprobar que no todos, pero sí muchos de esos puntitos azules volverán a encabezar o ser parte de las listas de distintos partidos para las elecciones del 22M. Y es que la falta de vergüenza que muestran los partidos políticos, mayoritarios y no tan mayoritarios, está llegando a su punto cumbre y está provocando una indiscutible desconexión entre la base ciudadana y la política.

Los códigos de buenas prácticas que tanto se afanan por presentar los distintos partidos políticos no son más que papel mojado, un simple gesto de cara a la galería que luego se mete rápidamente bajo la alfombra mientras los dedos se cruzan para que la audiencia se quede simplemente con los titulares sin investigar más. Sólo así puede explicarse que Camps, el Molt Honorable President de la Comunidad Valenciana, se salte a la torera el código ético del PP presentando a 8 personas implicadas por corrupción en sus listas. O que el candidato a la Ciudad Autónoma de Melilla por el PSOE, Dionisio Muñoz, esté imputado por una presunta compra de votos en las Generales de 2008.

¿Sorprende a alguien que estos dos partidos actúen así? Son los dos de siempre, los que tienen una cara que ya conocemos todos, los del permanente empate a 0 en el cual sólo pierden los ciudadanos. Culpa del bipartidismo imperante, que dirían unos, de la absoluta supremacía de dos colores: El rojo o el azul. La disyunción constante.

Pero, ¿Qué pensar cuando ese tercer partido político español que se jacta de no llevar imputados en sus listas y que tiene ese código ético tan potente presenta un código contra la corrupción en el que se explicita que todos los candidatos y cargos imputados dimitirán de sus funciones el mismo día que uno de sus cargos y candidatos es imputado y en rueda de prensa dice “suscribir el código” pero que eso de dimitir va a ser que no?

A los españolitos, ¿Qué nos queda?

Posted on 8 abril, 2011 by Armando González in Política Leave a comment

¿Quién le echó el pulso a quién?

Es imposible dejar de pensar en el conflicto del Gobierno con los controladores aéreos. Uno de los hechos más graves que han acontecido en la democracia española no puede camuflarse casi dos semanas después del caos, vigente el estado de alarma decretado por el Gobierno.

Mi intención no es analizar ni la legalidad del Decreto-Ley 13/2010 que modifica las condiciones laborales de los controladores ni la del estado de alarma, aunque mucho se está escribiendo acerca del particular y no precisamente a favor. Lo que pretendo es hacer una reflexión en voz alta sobre los aspectos que más me preocupan, hechos, actos, situaciones que, a mi juicio, ponen en peligro la integridad del Estado de Derecho.

La regulación de las condiciones de trabajo de cualquier gremio siempre ha sido complicada. La negociación entre las partes, empresa y trabajadores, es una lucha continua por la salvaguarda de intereses propios. Cuando ambos entienden que hay un bien jurídico superior al individual y ceden parcialmente en sus pretensiones, el acuerdo llega pronto si se respetan una serie de derechos mínimos para las dos partes. Si no hay acuerdo, debe intervenir un tercero, un árbitro imparcial que delimite los intereses en juego, los derechos de cada parte así como sus obligaciones.

Sin embargo cuando una de las partes es el Gobierno, las cosas cambian. El Gobierno, sirve a los intereses generales, es decir, debe velar por todo aquello que beneficia al conjunto de los españoles, que como soberanos, delegamos en los representantes políticos la capacidad ejecutiva para materializar ese interés general, con pleno respeto a la Constitución y a las leyes, artículo 9.1 Constitución Española, principio de legalidad, pilar fundamental para un Estado democrático y de Derecho. Por tanto, el lado activo de la relación jurídica o “contrato social” , que une a ciudadanos y Gobierno, lo ocupamos nosotros, la población, y el lado pasivo, el Gobierno, siempre sujeto a la ley.

¿Por qué dedico un párrafo a algo que damos por hecho? Porque con los controladores aéreos se han invertido las reglas del juego. Ellos, colectivo de trabajadores, parece que deben servir a los intereses particulares del Gobierno, intereses que desconocemos pero que intuyo están lejos de beneficiar el turismo, la economía o la sostenibilidad medioambiental… La actuación gubernamental desde febrero deja en evidencia al poder ejecutivo, ya no sirven a los intereses generales, porque, si no, ¿Cómo explican esto?:

Se regulan condiciones de trabajo por Decreto-Ley, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las partes. No se va al arbitraje ni se tramita como ley ordinaria que obliga a analizar por debate parlamentario el problema en cuestión. Se impone por Decreto-Ley, forma legal reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad que habilita al Gobierno para dictar leyes, provisionales, hasta la convalidación por el Congreso. ¿Dónde está esa extraordinaria urgencia en los Decretos de febrero? ¿Dónde está la extraordinaria urgencia y necesidad del Decreto 13/2010 que desencadenó el caos? ¿Por qué se publicó ese Decreto en un BOE extraordinario, no previsto para el viernes, en el cual se regulan las condiciones de controladores y un paquete de medidas para afrontar la crisis económica que podían esperar perfectamente hasta el jueves siguiente?

La previsión es la clave para el éxito de cualquier empresa. No examinaremos la gestión de AENA en el ámbito de Recursos Humanos, pero sí la previsión del Gobierno. Si sabían que el conflicto estaba peligrosamente estancado, si tenían constancia del abatimiento de la plantilla, del descontento y sensación de impotencia que asolaba a todos los controladores al verse privados de los mecanismos habituales de resolución de conflictos laborales ¿Por qué no pusieron remedio antes? Aquí es donde resurge el concepto de interés general. El Gobierno no actuó en tiempo y forma para solucionar un problema que afectaba a todos los sectores capaces de relanzar la maltrecha economía española. No velaron por el interés de un colectivo de trabajo, que por muy buenas condiciones de trabajo que tengan, son un colectivo de trabajo cuya alta responsabilidad en el ejercicio de sus funciones no debe pasarse por alto. La imposición de condiciones laborales por ley supone un peligroso precedente en el que puede apoyarse el ejecutivo para intervenir en el régimen jurídico de otros sectores profesionales, alegando un interés general difuso.

La bomba explotó el viernes. Tensó tanto la cuerda el Gobierno que las consecuencias nefastas eran tan previsibles como evitables. Abusaron de su posición prevalente, porque frente al Gobierno no existen condiciones de igualdad. El gobierno tensó la cuerda sabiendo que gozaba de instrumentos para aplastar a los controladores, ¿Por qué? ¿Era necesario arrollar a unos trabajadores con el estado de alarma y persecución por sedición enervando a la opinión pública, que ignora los detalles de la negociación y condiciones de trabajo? ¿Dónde está el interés general, cuál es: demostración de fuerza ante los ciudadanos irritados o garantizar el movimiento económico inherente a las vacaciones así como el derecho de los ciudadanos a disponer de su tiempo libre?.

La militarización del control aéreo, tal y como se ha vendido, es la máxima expresión del totalitarismo. No ha sido un recurso frente a una situación insólita a la que no han sabido hacer frente. Ha sido la imposición de la fuerza pura y dura como medio intimidatorio a unos trabajadores. La realidad ha demostrado que los mandos militares tienen más cabeza y consideración que sus superiores ministeriales, primero, tratando a todos con humanidad como compañeros que son, y segundo, demostrando que el orden, la planificación, el equilibrio y la organización son esenciales para que un servicio público funcione de forma eficaz y eficiente. Sin querer, han dejado en ridículo la forma tan castrense que tiene el ejecutivo para resolver problemas civiles.

El Gobierno fue quien echó un pulso a los controladores, con plena conciencia de la inferioridad de condiciones en las que se encontraban. No es aceptable de ninguna manera que sea el gobierno quien provoque una situación penosa infringiendo principios generales del derecho que sustentan el concepto de Estado democrático como son el principio de legalidad, igualdad, servicio a los intereses generales, interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y responsabilidad de los poderes públicos. Es inadmisible que uno de los poderes del Estado ignore la razón de ser de su existencia: el servicio a los ciudadanos y no a intereses particulares, propagandísticos y electorales bajo los cuales se halla el beneficio personal a través de la estructura de partidos.¿Desde cuándo un gobierno puede permitirse el lujo de ir echando pulsos a los trabajadores que hacen efectivos los servicios públicos que necesitamos los demás?.

De todo lo expuesto, sólo puedo llegar a una explicación: el abuso de poder continuado por parte del Gobierno por no actuar conforme al ordenamiento jurídico, sin sometimiento al interés general, velando exclusivamente por su imagen electoral, siempre dará lugar a la protesta más irracional por parte de quien no está dispuesto a aceptar la arbitrariedad y el despotismo impropio de un Estado de Derecho.

Posted on 14 diciembre, 2010 by Teresa Royo in Colaboraciones, Economía, Política 14 Comments

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