¿Quién le echó el pulso a quién?
14 diciembre, 2010 
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Es imposible dejar de pensar en el conflicto del Gobierno con los controladores aéreos. Uno de los hechos más graves que han acontecido en la democracia española no puede camuflarse casi dos semanas después del caos, vigente el estado de alarma decretado por el Gobierno.
Mi intención no es analizar ni la legalidad del Decreto-Ley 13/2010 que modifica las condiciones laborales de los controladores ni la del estado de alarma, aunque mucho se está escribiendo acerca del particular y no precisamente a favor. Lo que pretendo es hacer una reflexión en voz alta sobre los aspectos que más me preocupan, hechos, actos, situaciones que, a mi juicio, ponen en peligro la integridad del Estado de Derecho.
La regulación de las condiciones de trabajo de cualquier gremio siempre ha sido complicada. La negociación entre las partes, empresa y trabajadores, es una lucha continua por la salvaguarda de intereses propios. Cuando ambos entienden que hay un bien jurídico superior al individual y ceden parcialmente en sus pretensiones, el acuerdo llega pronto si se respetan una serie de derechos mínimos para las dos partes. Si no hay acuerdo, debe intervenir un tercero, un árbitro imparcial que delimite los intereses en juego, los derechos de cada parte así como sus obligaciones.
Sin embargo cuando una de las partes es el Gobierno, las cosas cambian. El Gobierno, sirve a los intereses generales, es decir, debe velar por todo aquello que beneficia al conjunto de los españoles, que como soberanos, delegamos en los representantes políticos la capacidad ejecutiva para materializar ese interés general, con pleno respeto a la Constitución y a las leyes, artículo 9.1 Constitución Española, principio de legalidad, pilar fundamental para un Estado democrático y de Derecho. Por tanto, el lado activo de la relación jurídica o “contrato social” , que une a ciudadanos y Gobierno, lo ocupamos nosotros, la población, y el lado pasivo, el Gobierno, siempre sujeto a la ley.
¿Por qué dedico un párrafo a algo que damos por hecho? Porque con los controladores aéreos se han invertido las reglas del juego. Ellos, colectivo de trabajadores, parece que deben servir a los intereses particulares del Gobierno, intereses que desconocemos pero que intuyo están lejos de beneficiar el turismo, la economía o la sostenibilidad medioambiental… La actuación gubernamental desde febrero deja en evidencia al poder ejecutivo, ya no sirven a los intereses generales, porque, si no, ¿Cómo explican esto?:
- Se regulan condiciones de trabajo por Decreto-Ley, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las partes. No se va al arbitraje ni se tramita como ley ordinaria que obliga a analizar por debate parlamentario el problema en cuestión. Se impone por Decreto-Ley, forma legal reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad que habilita al Gobierno para dictar leyes, provisionales, hasta la convalidación por el Congreso. ¿Dónde está esa extraordinaria urgencia en los Decretos de febrero? ¿Dónde está la extraordinaria urgencia y necesidad del Decreto 13/2010 que desencadenó el caos? ¿Por qué se publicó ese Decreto en un BOE extraordinario, no previsto para el viernes, en el cual se regulan las condiciones de controladores y un paquete de medidas para afrontar la crisis económica que podían esperar perfectamente hasta el jueves siguiente?
- La previsión es la clave para el éxito de cualquier empresa. No examinaremos la gestión de AENA en el ámbito de Recursos Humanos, pero sí la previsión del Gobierno. Si sabían que el conflicto estaba peligrosamente estancado, si tenían constancia del abatimiento de la plantilla, del descontento y sensación de impotencia que asolaba a todos los controladores al verse privados de los mecanismos habituales de resolución de conflictos laborales ¿Por qué no pusieron remedio antes? Aquí es donde resurge el concepto de interés general. El Gobierno no actuó en tiempo y forma para solucionar un problema que afectaba a todos los sectores capaces de relanzar la maltrecha economía española. No velaron por el interés de un colectivo de trabajo, que por muy buenas condiciones de trabajo que tengan, son un colectivo de trabajo cuya alta responsabilidad en el ejercicio de sus funciones no debe pasarse por alto. La imposición de condiciones laborales por ley supone un peligroso precedente en el que puede apoyarse el ejecutivo para intervenir en el régimen jurídico de otros sectores profesionales, alegando un interés general difuso.
- La bomba explotó el viernes. Tensó tanto la cuerda el Gobierno que las consecuencias nefastas eran tan previsibles como evitables. Abusaron de su posición prevalente, porque frente al Gobierno no existen condiciones de igualdad. El gobierno tensó la cuerda sabiendo que gozaba de instrumentos para aplastar a los controladores, ¿Por qué? ¿Era necesario arrollar a unos trabajadores con el estado de alarma y persecución por sedición enervando a la opinión pública, que ignora los detalles de la negociación y condiciones de trabajo? ¿Dónde está el interés general, cuál es: demostración de fuerza ante los ciudadanos irritados o garantizar el movimiento económico inherente a las vacaciones así como el derecho de los ciudadanos a disponer de su tiempo libre?.
- La militarización del control aéreo, tal y como se ha vendido, es la máxima expresión del totalitarismo. No ha sido un recurso frente a una situación insólita a la que no han sabido hacer frente. Ha sido la imposición de la fuerza pura y dura como medio intimidatorio a unos trabajadores. La realidad ha demostrado que los mandos militares tienen más cabeza y consideración que sus superiores ministeriales, primero, tratando a todos con humanidad como compañeros que son, y segundo, demostrando que el orden, la planificación, el equilibrio y la organización son esenciales para que un servicio público funcione de forma eficaz y eficiente. Sin querer, han dejado en ridículo la forma tan castrense que tiene el ejecutivo para resolver problemas civiles.
El Gobierno fue quien echó un pulso a los controladores, con plena conciencia de la inferioridad de condiciones en las que se encontraban. No es aceptable de ninguna manera que sea el gobierno quien provoque una situación penosa infringiendo principios generales del derecho que sustentan el concepto de Estado democrático como son el principio de legalidad, igualdad, servicio a los intereses generales, interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y responsabilidad de los poderes públicos. Es inadmisible que uno de los poderes del Estado ignore la razón de ser de su existencia: el servicio a los ciudadanos y no a intereses particulares, propagandísticos y electorales bajo los cuales se halla el beneficio personal a través de la estructura de partidos.¿Desde cuándo un gobierno puede permitirse el lujo de ir echando pulsos a los trabajadores que hacen efectivos los servicios públicos que necesitamos los demás?.
De todo lo expuesto, sólo puedo llegar a una explicación: el abuso de poder continuado por parte del Gobierno por no actuar conforme al ordenamiento jurídico, sin sometimiento al interés general, velando exclusivamente por su imagen electoral, siempre dará lugar a la protesta más irracional por parte de quien no está dispuesto a aceptar la arbitrariedad y el despotismo impropio de un Estado de Derecho.
Olé, eso es. Así se dice.
Ellos han sido a los que les ha tocado ahora, pero quienes serán los próximos a los que el gobierno convierta en su objetivo.
El abuso de poder no se puede consentir en ningún caso y para este gobierno empieza a ser una práctica habitual.
Tenemos que pararles los pies…¿hasta cuando vamos a dejarles que nos echen un pulso?
¿Hasta cuándo? no lo sé Rosa, porque la sociedad civil está dormida, pasiva, narcotizada… en definitiva, rendida ante el abuso de poder político que además utiliza de forma fraudulenta los instrumentos e instituciones legales que se suponen, son la salvaguarda de los derecho de los ciudadanos.Gracias
Muy buenas reflexiones Teresa, gracias por compartirlas con nosotros.
Yo me sigo preguntando por qué se publicó el Real Decreto el viernes.
También me gustaría saber si van a prorrogar el estado de alarma hasta las próximas elecciones generales o si piensan reaccionar a base de decretazos y estados de alarma contra otros colectivos.
Como bien dices, yo creo que es todo un intento de manipulación de la opinión pública para mejorar su imagen.
Gracias Pilar! El Decreto del viernes fue la demostración de poder del gobierno: publico lo que quiero, y cuando quiero, olvidando que eso se hace cuando conviene al interés general, no al suyo personal. Ha sido una venganza de un Ministerio contra un colectivo de trabajo, y el poder ejecutivo no puede tener esos sentimientos de amor-odio hacia nadie, principio de igualdad, intereses generales, lo repito mucho, pero es la base del sistema.
El estado de alarma no tiene sentido. Ahora quieren prorrogarlo hasta el 15 de enero, suponemos que de 2011…. Así evitan la negociación otra vez más. El Ministerio está enquistado en su posición, y se olvida de que es un poder público.
Todo con evidente fin preelectoral y económico no aclarado ante la sociedad. Veremos hasta dónde son capaces de llegar. Lo importante es reflexionar sobre lo ocurrido y no actuar como un rebaño dirigido por los medios.
Estoy muy de acuerdo con tu argumentación inicial. No hay duda de que tanto el pisoteo de derechos, como la pésima gestión y la chapuza de la militarización no tienen cabida en un sistema democrático. Sin embargo las afirmaciones finales son muy cuestionables. Dudo que algo tan arriesgado se pretenda hacer con fines electorales. Decía mi abuela que hacen más daño los ignorantes que los malintencionados y me temo que este ha sido el caso.
Tampoco habría que descartar que algunos controladores, conscientes de su poder, y del miedo que a todos los gobiernos supone la paralización del espacio aéreo, hayan aprovechado la situación para tensar la cuerda por su parte. O al menos, para dejar que la situación explotara. Lo que nunca imaginaron es lo que pasó después. Me llama la atención la pésima estrategia reivindicativa que han seguido en todo este asunto.
Es posible que la finalidad electoral no sea la única razón o por lo menos la definitva, como afirmas.De hecho, yo creo que hay mucho más que no nos han contado. Hablar de privatización es una forma de simplificar un proceso complejo lleno de intereses cruzados que yo no alcanzo a ver.
¡Qué razón tenía tu abuela! No hay nada peor que un ignorante dotado de autoridad. Los controladores no han sabido negociar, es evidente, pero dudo de que tengan tanto poder como para arrinconar al Gobierno con la posición de superioridad que ocupa. La estrategia reivindicativa pasa por la huelga con preaviso. Por esa razón, la reacción en cadena responde más al fenómeno de histeria colectiva que les invadió. Como dijo en su día Fernando Fernán Gómez, tras la demostración de poder gubernativo, lo mandaron todo “a la mierda” sin tomar conciencia de lo que suponía para los ciudadanos y para ellos mismos.
Muy buena reflexión sobre los acontecimientos del pasado viernes 3: exposición clara y sencilla de los hechos y del mal hacer por parte de AENA y Fomento. Total dejación de funciones por parte de los dirigentes de la empresa q desencadenaron el caos aeroportuario.
Gracias Patricia! Lo tuyo sí que es un buen resumen, contundente. Una sentencia en toda regla! Estoy completamente convencida de que las grandes empresas de España planean horarios de personal para Navidad casi desde la Navidad anterior, y no con un mes justo. ¿Tú crees que las tiendas de juguetes o los supermercados de cara a Navidad se plantean cuántos productos necesitan y cuánto personal requieren, a principios de Noviembre?
Teresa, a mi lo que me preocupa es que no sea un problema de previsión. Si el 20 de agosto se pactó entre la señora Chacón y el señor Blanco el modo de militarizar el espacio aéreo, da que pensar que no se tomaran medidas para solucionar el problema de las horas y nuevos controladores. Es decir, que ya no es falta de previsión sino premeditación y alevosía
Totalmente de acuerdo.No había intención de negociar sino de arrollar. Tenía prisa por algo y además quedaban bien ante la opinión pública. Cuanto más se va sabiendo, más claro tengo que no tienen la capacidad requerida para seguir en su puesto. Se han olvidado de que sirven a los ciudadanos.La sed de venganza que tienen ahora es incompatible con un cargo público.